diariodeleon.es
La AFE puede paralizar la competición si la RFEF inscribe al Salamanca Athletic en la categoría sin haber liquidado la deuda con los jugadores.
La Real Federación Española de Fútbol, cuya junta directiva presidida por
Ángel María Villar se reúne hoy para decidir si acata el auto del Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Salamanca, en el que le exige que inscriba al
equipo de Hidalgo o continúa con su negativa, se encuentra entre la espada y la
pared.
A pesar de que se esgrima la falta de conversión del nuevo club en sociedad anónima deportiva para proceder a su inscripción, la realidad es otra. Según pudo saber este periódico, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) presuntamente hizo saber a la RFEF desde el primer momento que si decidía inscribir al Salamanca Athletic como equipo de la Segunda División B si haber liquidado previamente la deuda contraída con sus jugadores procedería a presentar una huelga en la categoría como protesta.
Sin embargo, el auto judicial no deja lugar a dudas. Es más, dentro de su parte dispositiva recoge: «...concediéndosele para ello el plazo de cinco días y con el apercibimiento expreso del apremio a dicho organismo (RFEF) de la imposición de las multas mensuales periódicas a que haya lugar si no se lleva a cabo lo acordado en el plazo indicado y ser perjuicio de la adopción de cualesquiera otras medidas que resulten idóneas...».
A pesar de que se esgrima la falta de conversión del nuevo club en sociedad anónima deportiva para proceder a su inscripción, la realidad es otra. Según pudo saber este periódico, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) presuntamente hizo saber a la RFEF desde el primer momento que si decidía inscribir al Salamanca Athletic como equipo de la Segunda División B si haber liquidado previamente la deuda contraída con sus jugadores procedería a presentar una huelga en la categoría como protesta.
Sin embargo, el auto judicial no deja lugar a dudas. Es más, dentro de su parte dispositiva recoge: «...concediéndosele para ello el plazo de cinco días y con el apercibimiento expreso del apremio a dicho organismo (RFEF) de la imposición de las multas mensuales periódicas a que haya lugar si no se lleva a cabo lo acordado en el plazo indicado y ser perjuicio de la adopción de cualesquiera otras medidas que resulten idóneas...».